Por qué el Gobierno entregó a Lopérfido

Por Ceferino Reato

11 de julio de 2016

La renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, es un absurdo en el doble sentido de la palabra: es contraria a la razón y es difícil de entender. Pero, al menos, ha hecho feliz a los restos del kirchnerismo, en especial a los actores y a los líderes de las organizaciones de derechos humanos. Y a uno de los últimos voceros que queda de aquellos que venían por todo, Página 12, que por fin pudo imprimir ayer una tapa victoriosa, de otros tiempos.

Es difícil de entender por qué la fuerza política a la que Lopérfido pertenece, Cambiemos, tenía la llave para salvarlo del deterioro progresivo que derivó en su caída. Sólo debía comunicar de manera oficial la cantidad de detenidos desaparecidos que hubo durante la dictadura. Ese era el eje de las críticas, las protestas y los escraches contra al funcionario, que venían desde el verano.

Tres meses atrás, me dijeron en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos que estaban contando los nombres que se habían incorporado en los últimos años para actualizar la cifra de víctimas de la represión ilegal de la dictadura dada en 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Ese es el último documento oficial que se conoce sobre este tema; son los listados de nombres y apellidos de los dos anexos del nuevo Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que fue presentado en la Feria del Libro hace diez años.

Durante una semana, sumé los nombres y los apellidos de esos dos anexos. Lo hice una decena de veces para no equivocarme ni siquiera en un número, ya que cada número es una persona, una víctima. Una tarea dolorosa. Publiqué el resultado en mi libro ¡Viva la sangre! De acuerdo con ese listado oficial, hubo 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de "ejecución sumaria"; 7.158 víctimas en total, una cifra que refleja una matanza atroz realizada desde el aparato estatal.

Me gustaría aclarar que esta última categoría, "ejecución sumaria", fue creada durante el Gobierno kirchnerista y es tan amplia que se presta a eventuales irregularidades, como ya investiga el juez federal Claudio Bonadio en una causa que podría hacer mucho ruido en los próximos meses.

No son los 30 mil desaparecidos de los que todavía hablan las organizaciones de derechos humanos, los artistas, los intelectuales y los dirigentes políticos que escracharon durante los últimos meses a Lopérfido, a quien acusaron de "negacionista". ¡Como si señalar que fueron 8 mil o menos de 8 mil los desaparecidos fuera negar la matanza!

Siempre me llamó la atención esa enjundia de nuestras organizaciones de derechos humanos en la defensa del número mágico de los 30 mil. ¿No les basta con las heridas abiertas a los familiares, los amigos y los compañeros de esas 7.158 víctimas? ¿Les parece poco? ¿Por qué insisten en un número que todos ellos reconocen en privado como una suerte de mentira necesaria de otros tiempos, cuando debían captar la atención de la opinión pública nacional e internacional?

Creo que la respuesta es simple: han hecho de los 30 mil desaparecidos una bandera de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen pagar un costo político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se consoliden dudas sobre otras afirmaciones y otros posicionamientos. Razonan con una lógica de poder, ya no les interesa la verdad.

Ahora, la gran pregunta es otra. ¿Por qué durante estos meses el Gobierno de Lopérfido no difundió la cifra real de los desaparecidos? ¿No llegó a tiempo con el recuento? No lo creo. Además, el número no debería ser muy distinto al registrado de 2006; la dictadura fue entre 1976 y 1983, terminó hace más de 32 años.

Creo que el oficialismo no quiso meterse en esta polémica, porque presume que es un tema en el que tiene más para perder que para ganar. Cada gobierno elabora la agenda que le resulta más cómoda. Los derechos humanos han pasado a ser patrimonio de la centroizquierda, por llamarlo de algún modo, como sucede en otros países. El mejor ejemplo tal vez sea España, donde el Partido Popular, de centroderecha, tampoco se siente cómodo con las secuelas de la Guerra Civil Española y el franquismo.

Cambiemos actúa aquí con los reflejos de una fuerza de centroderecha. Se ubica en la centroderecha; en el mejor de los casos, niega que este tema sea relevante y así argumenta su nula disposición a ocuparse de él. Aunque pierda funcionarios, como es el caso de Lopérfido. Aunque provoque en los restos del kirchnerismo la sensación de que todavía tienen influencia.

Esto incluye también al radicalismo, que forma parte del espacio gobernante y que tampoco salió a defender a Lopérfido, quien proviene de esas filas. Y eso que el radicalismo tendría mucho que reivindicar en el tema de los derechos humanos por la valerosa gestión del ex presidente Raúl Alfonsín y de otros bravos correligionarios.

Los pecados de Lopérfido fueron dos, tal vez tres. Los cuestionamientos surgieron luego de que, en la presentación de un libro en Pinamar, el verano pasado, se le ocurrió decir: "No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada", y vinculó esa cifra con la supuesta voluntad de algunos de cobrar indemnizaciones en forma irregular.

No contento con eso, Lopérfido agregó que nuestro país tuvo "una historia violenta pero no menos violenta que en otros países del mundo". Criticó: "La historia argentina dice que los montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron". Es probable que el tono del ahora ex ministro de Cultura (su tercer pecado) haya sido provocativo en una cuestión muy dolorosa en la que siempre se debe pensar en las víctimas de la represión ilegal del Estado durante la dictadura, así como en sus parientes, sus amigos y sus compañeros o camaradas. Esa sensibilidad no es una mera forma, hace al fondo de la cuestión.

Pero Lopérfido dijo la verdad: no hubo 30 mil desaparecidos. También tiene razón en que montoneros no defendió la democracia ni los derechos humanos. En el contexto de la violencia política de los setenta, la guerrilla se proponía trascender esa democracia "burguesa" y llegar al socialismo, a la "democracia real, material", a través de la lucha armada.

Se supone que ninguna organización de derechos humanos, por más que esté tan alineada con una fuerza política particular, como es el caso de las nuestras con el kirchnerismo, defiende la lucha armada. Con las armas se muere, pero también se mata, y el derecho humano más elemental es el de la vida.

Quienes escracharon a Lopérfido nada le reprochaban sobre esto, por lo cual podría asumirse que están de acuerdo con estos dichos.

En mi opinión, no lo están pero no pueden decirlo porque sospechan, con razón, que ofrecerían un flanco muy débil si salen a defender la lucha armada de los setenta. Es otra concepción, en el fondo, sobre la democracia y sobre temas claves, como la relación entre los medios y los fines. Por ejemplo, si hay que respetar el voto popular en el caso de un gobierno que, a juicio de ellos, atenta contra los intereses populares con la devaluación, los tarifazos, etcétera. Son cuestiones muy actuales. En la lucha política, nunca se discute sobre historia sino sólo sobre el presente.