Leí en la edición del 15 de julio, en la nota "Morir en prisión", sobre las muertes provocadas por la cárcel. En el artículo, el Servicio Penitenciario Federal informa que en el período 2009-2014, con 10.000 reclusos, murieron 272. Considero que dicha información no es exacta o cuando menos imparcial, dado que no ha tenido en cuenta la situación de los presos políticos, de los cuales en el período en cuestión (2009-2014) han muerto 213; en lo que va del año son 25 que debemos agregar a un total de 303 presos políticos fallecidos, la mayoría de ellos presos en sus domicilios. Los responsables de otorgar y controlar las prisiones domiciliarias son los jueces. Éstas no siempre son dispuestas por razones de salud, pese a tener graves afecciones, ni por tener más de 70 años, como marca la ley. Por el contrario, en la mayoría de los casos se otorgan cuando los penados se transforman en enfermos terminales, es decir que los envían a sus casas a morir y por ello son numerosos los juicios penales por "abandono de persona" iniciados a jueces, médicos y/o responsables del cuidado de los presos, causas que seguramente tendrán movimiento con el cambio de gobierno.

Creo que en el artículo en cuestión esta situación debería haberse tenido en cuenta. Lamentablemente, aquellos que aclamaron pública y políticamente y pese a que, por disposiciones de un gobierno democrático, iniciamos el combate contra las organizaciones subversivas que buscaban la toman del poder por las armas, hemos sido olvidados por propios y ajenos.