y fiscales que han estado encargados de proteger al poder. Existe, sin dudas, una alarmante proliferación del crimen, al margen de que los índices estadísticos muestren su aumento o alguna disminución. La actual generación está en deuda con el derecho. A través de los siglos se han ideado formas de controlarlo que han dado resultados más o menos satisfactorios. En la actualidad no se sabe, no sabemos, cómo se habrá de combatirlo para reducir su alarmante peligro sin crear un Estado policial ni afectar el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia que protege, que debe proteger, a los criminales. La sociedad adopta criterios permisivos, rechaza la censura, favorece el hedonismo, abandona los altos ideales como programas de vida, se ríe de la pureza, se farsa de lo sublime, desconfía de los heroísmos, desecha los esfuerzos, se inclina hacia el jolgorio, elige lo fácil. Tomamos esas posturas porque se nos da la gana, porque estamos en nuestro derecho de hacerlo, porque cada cual tiene su criterio para elegir el camino hacia su felicidad; pero no debe resultar sorprendente que en la medida en que la humanidad desprecie las virtudes, proliferen los vicios, los delitos, los crímenes. No ha de ser casual. Hay demasiada pobreza, una pobreza acompañada de la desesperanza de conseguir un trabajo digno. Pero la ola criminal que se advierte no parece responder a esas extremas necesidades sino a la desaprensión, a la desvergüenza, a la falta de normas, al extravío, a la droga. La generalización de la pobreza, producida por el desempleo, puede influir, quizás, avivando la ola de asaltos y de crímenes. Pero los delitos no son acicateados directamente por la pobreza que se expande, sino más bien por la desesperanza, por la falta de perspectivas que exhibe la sociedad. Si un joven supiera que capacitándose, trabajando, accedería a un trabajo bien remunerado y seguro, a la casa propia, al matrimonio, a la familia sostenida con su esfuerzo, seguramente seguiría ese camino. Pero si a pesar de capacitarse tiene ante sí un horizonte de desocupación, de changas inseguras, de marginalidad, de orillar las profesiones dignas sin la seguridad de afirmarse nunca en ellas, es comprensible que las atracciones del buen camino sean desatendidas. Es fácil señalar a la pobreza como culpable de los delitos. Pero lo que más alarma es la proliferación del crimen en gente con medios de vida, el delito encarado por desapego a las normas tradicionales de conducta, los robos por las simples ansias de pasarla bien. Se podrían citar muchos casos notables de este tipo de delitos pero no vale la pena, porque bien los conocemos y los recordamos. La culpa no es de la pobreza sino de la desfachatez, del hedonismo, de la trapacería. La legislación criminal cae en el ámbito de la nación y se creó una secretaria para coadyuvar con las investigaciones. Sin embargo los legisladores provinciales algo podrían hacer para combatir el crimen, auxiliando a la justicia y a la policía. Con ese objeto he propuesto en su oportunidad crear una comisión Antimafia, comisión que el cuerpo ha aprobado pero que los legisladores aún no han integrado. He hecho cuánto podía hacer en mi carácter de legislador en su momento. Se suponía que el ladrón se limitaba a llevarse dinero, o bienes de fácil transporte y venta. Ese asaltante profesional evitaba cometer violencias innecesarias, para no agravar su situación. Pero hoy estamos ante modalidades desconocidas, con bandidos que -sin motivos para odios ni furias- matan a sus víctimas, gratuitamente, porque sí, pareciera que llevados por su insensible desenfado o por la inconsciencia de la droga. Estos neófitos en el delito resultan los más peligrosos. Han matado a un Fiscal Federal. Un funcionario de ley equiparado a Magistrado por dedicarse a funciones especiales debía tener un apoyo especial. Pero no sabemos si este crimen tendría el objeto de intimidar al funcionario o de cobrarse venganzas. Crimen que evidencia el sacrificio que implica la función del funcionario honesto, que no sólo pone en peligro su vida sino también la de sus familiares. Entre la gente ante circunstancias tan extrañas y con intervenciones misteriosas desconfía de la Justicia y aún más confía en su torpeza. Cunde el criterio de que deben renovarse los códigos para que la delincuencia sea más castigada, para que cometer un delito sea motivo de una pena severa, para que el rigor de la ley proteja al inocente y conmine al malhechor. Pero los políticos están en deuda con la sociedad. Esperemos que con la creación de la nueva secretaria cuyo objetivo no es entrometerse en la investigación del Juez o Fiscal sino en colaborar con todos los elementos posibles y con la investigación en manos del A-quo Federal se pueda desentrañar el enorme tejido enmarañado de causas que deben tener un resultado positivo en la investigación. No pueden quedar impunes. Será Justicia.

DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN

jorgeloboaragon@gmail.com