Ello habría sucedido en el año 2003, mientras un grupo de pilotos de la aerolínea holandesa Transavia cenaba en la isla de Bali.  Weert  presentó la denuncia en el año  2006. En diciembre de 2008 el juez Sergio Torres viajó a Holanda para tomar  declaración a Weert. Éste ratificó a medias sus dichos. Declararon también otros que o, participaron en la cena o trabajaban con Poch. Ninguno de ellos afirma que Poch se involucró como partícipe en los “vuelos de la muerte”. Sin embargo, el solo testimonio ambiguo de Weert expresado en holandés (un idioma extraño para el interrogador) fue suficiente  para que el juez instructor, Sergio Torres, solicitara la extradición y el procesamiento de Julio Poch. No existe absolutamente nada más en la causa que vincule al ex marino con el delito que se le atribuye. Es más, el mismo juez instructor refiriéndose a dicho testimonio, sostiene: “dicha prueba testifical es una parte muy importante de esta valoración, podría decirse que es su núcleo central”. El voluminoso auto de elevación a juicio, de 1130  fojas, abunda en lo sucedido en la ESMA durante el gobierno militar y en los testimonios sobre lo que supuestamente habría dicho Poch en esa cena. El objetivo principal del juez pareciera que es probar que Poch, efectivamente, dijo que participó de “los vuelos de la muerte” en lugar de probar que Poch, efectivamente, participó de esos vuelos. Cinco años de cárcel como consecuencia de que alguien dijo lo que supuestamente dijo, y él lo niega, constituye una atrocidad que subleva a la razón práctica. Con similar argumento se podría meter preso y juzgar a cualquiera. Bastaría con declarar que el teniente fulano me dijo que mató a un subversivo y listo. Torquemada era más sutil.

Por otro lado, resulta escandaloso que los mismos jueces federales que son capaces de actuar con la velocidad de Aquiles en las causas de lesa humanidad contra militares diligenciaran como tortugas las miles de denuncias por corrupción efectuadas contra los funcionarios durante kirchnerato. Los números son abrumadoramente elocuentes. Los militares condenados por delitos de lesa humanidad son más de 600 y los procesados (muchos con prisión preventiva) más de dos mil. En contraste brutal los mismos jueces y fiscales federales no investigaron ni condenaron ni a un solo corrupto. Tuvieron que esperar doce largos años para que, con el cambio de gobierno, procesaran y detuvieran a Jaime y a otros pocos. Y eso que, no en Holanda sino aquí nomás, pruebas, y no sólo dichos de terceros, hubo y hay en notoria abundancia.  Cuesta creer que a esta persecución infame el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la  caracterice como “Política de Estado” y, también, que el secretario de DD.HH. de la gobernadora Vidal, Santiago Cantón, la considere ejemplo mundial.

Porque pocos actos son más viles que encarcelar a inocentes, la ciencia del Derecho ha dedicado sus mejores esfuerzos para sortear tamaña injusticia. El Estado argentino los ignora olímpicamente y opta por la barbarie vengativa.

Cervantes, por intermedio del célebre personaje, dice: -”La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. Es evidente que, para Lorenzetti y los jueces federales argentinos, el Manco de Lepanto ha pasado por este mundo sin que ellos se hayan dado  por enterados.-

 

Julio 03, 2016