Que sucedió en las décadas de los 60 y  70 en las que se quebrantó la paz en Iberoamérica.

 

Fomentadas desde Cuba, comprometida con el comunismo soviético, se inició en varios países de la región una guerra interna, dirigida a deponer sus respectivos gobiernos en la misma forma que se había hecho en la isla caribeña, mediante la acción violenta de grupos revolucionarios. Fueron particularmente eficaces en Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, porque si bien sólo lograron dominar la situación interna en el primer país, alteraron profundamente la paz interna de los demás.

 

Debemos diferenciar las luchas partidarias que por diferentes motivos alteraron la paz interna de los países de la región, desatando guerras internas, de esta acción deliberada de una nación americana que instigada por la Unión Soviética, para debilitar la influencia de los EEUU con quien sostenía una guerra mundial, que se llamó Fría, tuvo muchos escenarios de gran violencia, fomentaba, instruía, armaba y dirigía la acción subversiva en toda la región. Se diferenciaba de las luchas partidarias porque además de formar parte de una acción bélica internacional, llevaba el propósito de alterar el sistema de republicas democráticas plenas de deficiencias, que las caracterizaban, para sustituirlas por una democracia popular marxista, de partido único.              

 

La acción de estos grupos subversivos consistía en  cometer actos de violencia - asesinatos, secuestros, colocación de explosivos, asalto a comisarías y unidades militares, etc. -  para imponerse por el terror a las sociedades y a las fuerzas armadas y de seguridad, valiéndose de la clandestinidad, la falta de identificación y la sorpresa. Actuaban tanto en el orden rural como en el urbano, según las circunstancias y los países. Tenían campos de instrucción, estaban organizados en forma de células autónomas, pero contaban con una organización militar que unificaba la conducción y mantenían una relación permanente con Cuba, de donde recibían asistencia de toda naturaleza. (Instrucción militar, armas, asesores, y dinero).

 

Los países de Iberoamérica y su vulnerabilidad.

 

Esta región -con diferencias por países- responde en general a economías en desarrollo, de bajos y muy desiguales ingresos, con profundas diferencias de nivel cultural entre sus grupos descendientes de nativos, africanos y europeos y una inmensa población mestiza.

 

Es una realidad social muy proclive a la protesta pacifica o violenta, por las situaciones de injusticia que presenta. En las décadas del 60y 70 del siglo pasado esta era la situación, con el déficit de una falta total de experiencia sobre la forma de atacarla, por lo que adhirieron al método de la subversión armada, con la idea equivocada de que podían dominarla, como había sucedido en Cuba.  Sin embargo no pueden ser considerados como simples idealistas equivocados, sino como responsables de asesinatos de niños, y ciudadanos inocentes, de toda clase, o de titulares de las fuerzas armadas y de seguridad que cumplían con sus funciones de custodios del orden en nombre del Estado. Y por lo tanto fueron responsables de crímenes que debieron  ser castigados. 

 

Sin embargo, en la Argentina ninguno de ellos ha sido castigado, ni siquiera procesado o simplemente acusado, después de 1983. Y se estima que han cometidos alrededor de 800 asesinatos. Por una acción similar, en España fueron perseguidos y encarcelados y sufren prisión hasta la fecha, con aprobación de toda la comunidad mundial. ¿Por qué no en la Argentina?            

Esta es una deuda moral, civil y política, de todos los gobiernos a partir del 10 de diciembre de 1983, incluido el poder judicial. No existe ni se ha expuesto ninguna razón válida para justificar este incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales.

 

Otra deuda que se niega -moral, civil y política- a partir de 1983, pero en particular a partir del 2003. 

 

En agosto de 1975 el gobierno constitucional que gobernaba el país ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de las fuerzas de la subversión en todo el territorio nacional y el 10 de diciembre de 1983 aquellas FFAA  entregaron el poder al gobierno que había resultado elegido en octubre de ese año, después de haber cumplido con la obligación asignada.

 

Después de la Organización Nacional -si se exceptúa la invasión del ejército paraguayo en 1865- nunca en ninguna otra oportunidad las autoridades constitucionales de la Nación habían sido amenazadas a ser desplazadas del poder, esta vez por un enemigo interno, con apoyo extranjero, como en 1975.   

 

La Argentina volvía en 1983 al régimen constitucional de una democracia republicana, con pluralidad de partidos, habiéndose librado de ser gobernada por una dictadura del proletariado similar a la de Cuba.

 

La Presidencia de la República fue ejercida por el representante de la Unión Cívica Radical, Dr Raúl Alfonsín, cuyo jefe político en 1975, el Dr Ricardo Balbín, se felicitó de la asunción plena de las FFAA para combatir al terrorismo revolucionario.   

 

En una democracia conciente de los valores de su sistema constitucional, viendo el escenario en Colombia de la guerra civil interna, no declarada, que hacía más de 20 años había sido iniciada por la subversión del mismo origen que la argentina,, con la mitad del territorio ocupado, más de 100.000 muertos y varios millones de personas desarraigadas de sus campos, debió celebrarse como la liberación de Paris en 1945 o la caída del Muro de Berlín en 1989 o la liberación de los pueblos de la Europa Oriental.

 

Se subordinó el restablecimiento de la Constitución, a la conquista de la izquierda popular.

 

Hace tiempo que a la política argentina le falta la percepción de las grandes ideas que la deben movilizar hacia el progreso. Hace setenta años que, impulsados por rencores sectarios y mezquinos, hemos perdido el rumbo de los grandes objetivos nacionales.

 

De ahí que no es de extrañar que el rechazo armado del terrorismo revolucionario sea visto como un exceso de las FFAA, una vez que se olvidaron los asesinatos diarios de inocentes de todo origen provocados por la subversión, para dominar por el terror e imponer un régimen sangriento, que según propia confesión de terroristas caracterizados, podían  haber llegado a “500.000 fusilamientos”.     

 

La revolución, una vez fracasada la vía de la  violencia, resolvió cambiar de estrategia y dirigirla al desprestigio de las FFAA, poniendo el centro de su atención en la defensa de los derechos humanos, multiplicando el número de víctimas -de donde de una cifra aproximada a 6100 víctimas- se imputaron 30.000, que nunca se preocuparon por probar, pero al repetirla hasta el cansancio la impusieron como ciertas, en muchos sectores.

 

El predominio de la estrategia de la izquierda fue el fruto circunstancias casuales. Por una parte la crisis del 2002, la Presidencia de Duhalde y una vieja rencilla con Carlos Menem, por lo que haría cualquier cosa para cerrarle la vuelta a la Presidencia. Así que, por las dificultades del momento, Duhalde encontró solamente la candidatura de Néstor Kirchner para enfrentar a Menem quien se desanimó, aunque ganó la primera vuelta. Kirchner fue el Presidente menos votado de la historia argentina.      

 

Ya en el gobierno, supo construir poder, para lo que usaba todos los medios, legítimos e ilegítimos. Tenía una experiencia acumulada en veinte años en funciones de gobierno en Santa Cruz. Y poseía  antecedentes de haber estado comprometido -en su vida estudiantil- con la subversión, aunque no en funciones importantes, rigurosamente ocultadas en Santa Cruz, donde comenzó el ejercicio de su profesión de abogado, representando a entidades bancarias en juicios ejecutivos contra sus clientes.

 

Hasta la Presidencia de Kirchner, la izquierda sólo había obtenido la amnistía para sus crímenes y los militares fueron exentos por leyes del Congreso (de punto final y de obediencia debida). Era una situación que satisfacía a todos.

 

Pero después de la crisis del 2002 hubo una evolución hacia la izquierda, la cual fue aprovechada por Kirchner con un proyecto de anulación de las dos leyes de Alfonsín a favor de los militares, manteniendo la amnistía para los ex subversivos, que en gran número formaban parte de la administración. Asi -por sucesivas aproximaciones- se creó la doctrina de violación de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, como política de Estado, que fue impuesta a los nuevos jueces de la Corte Suprema. Además se creó una indemnización a cargo del Estado a favor de las “víctimas” terroristas, en la guerra que ellos provocaron.     

 

La política de derechos humanos, de persecución a los militares, fue oficialmente impulsada presionando sobre el poder judicial y la participación de múltiples organizaciones sociales, cuyos honorarios en muchos casos corrían a cargo del Estado.

 

La violación al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

 

En la situación actual de la Justicia no es posible pensar en una modificación de la jurisprudencia de la CSJ, en materia de derechos humanos,  pues los tres miembros actuales de ese Tribunal se han comprometido a sostener aquella jurisprudencia como “política de Estado”,  compartida por el Poder Judicial. 

 

La vía legal tampoco parece la indicada, dada la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación.

 

La única vía abierta es la iniciación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque este Tribunal puede aplicar sanciones a los jueces y fiscales argentinos que se hayan comprometido en las sentencias condenatorias. Existe ya una denuncia y se estudian otras.

 

La violación al Estatuto de Roma está muy clara, porque en la Argentina hubo una guerra interna no declarada, de donde pueden surgir crímenes de guerra, pero nuestra justicia la enfocó como delitos de lesa humanidad, categoría que no corresponde a la realidad, pero lo hizo porque en la forma de crímenes de guerra implicaba admitir que se juzgaría asimismo la conducta de los terroristas, que era lo que se quería evitar.

 

La vía elegida por la justicia argentina revela el propósito de evitar la sanción del grupo revolucionario-subversivo, que llevará  -por discriminación- a la nulidad de los procesos y a la sanción de los jueces y fiscales intervinientes.

 

Hasta que no se restablezca la lealtad del Estado para con sus FFAA, no habrá garantías para una  Defensa Nacional.        

 

Enmendar la enorme injusticia cometida es indispensable para restablecer una relación lógica ente las FFAA y de Seguridad con el Estado, ya que no puede ser que se pretendan contar con FFAA leales a su función y al mismo tiempo traicionarlas, castigándolas por cumplir con las órdenes recibidas, máxime cuando implicaban aniquilar al enemigo, al que posteriormente se lo exime de toda sanción. 

 

La política de discriminación con relación a las FFAA por el gobierno kirchnerista,  se ha extendido a la política de Defensa Nacional y a la carrera profesional de muchos de sus miembros.

 

Martínez, Argentina  23 de diciembre de 2015.