“…LA IMPUNIDAD…”
NISMAN II
La impunidad vuelve valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes, y el día en que cobardes y pusilánimes alcanzan el poder sus sucias babas lo aniquilan todo.
OPINIÓN
A nivel nacional la denuncia del fiscal Alberto Nisman ya fue archivada. La sospecha de lavado de dinero en Hotesur quedó disimulada detrás de una tapadera de marañas y laberintos procesales. La polémica sobre la constitucionalidad del pacto con Irán para acordar la causa del crimen de la AMIA está en suspenso. Amado Boudou disfruta de una tregua inconcebible, y un sin número de investigaciones quedaron en saco roto. Que hablar en nuestra provincia – Tucumán –, con crímenes que ocuparon las tapas de diarios a nivel internacional nunca resueltos. Con denuncias del Colegio de abogado y querellas contra los fiscales Albaca y Herrera en temas y causas de enorme repercusión. La reciente represión inconcebible y quema de urnas en las elecciones provinciales, sumadas a la lentitud de la justicia en juicios que deben tener una eficaz inmediatez revela y advierte a la sociedad de una impunidad sin límites y de una justicia de alarmante lentitud. Existe una enorme falta de confianza en los tres poderes del estado. El tiempo pasa. Las causas se prescriben o quedan archivadas y florece la indemnidad. Nuevamente el silencio de muchos. Es que cuando las inmoralidades o presuntos delitos se denuncian, se verifican y el Estado – los tres poderes - da vuelta la cara como o "nada tengo que ver con esto" es, en la práctica, lo mismo que patrocinar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la ciudadanía sin que nada la evite, la corrija ni, menos aún, la castigue. Encontrar el modo de afianzar la moral, difundirla, prestigiarla, seguramente es difícil. Y aceptar que “el mal es general", no lleva a la solución de nada. Podemos pensar que debiera principiarse por el delito, que tiene más fácil definición que la inmoralidad. Pero para luchar contra la delincuencia se precisa de una base moral. Entonces hay que comenzar por combatir la corrupción, acreditarla, esclarecerla, y recién estaremos en condiciones de hacerle frente a la delincuencia. Una convención interamericana, aprobada por ley nacional, impone a los gobiernos su deber de adoptar las medidas para detectar, sancionar y erradicar la corrupción. No se dice que se deba combatir el delito, pues cae de maduro que los países aceptan la obligación de poner en vigencia su legislación, y todos tienen sus códigos penales para que se cumplan, no para adorno de bibliotecas. Se pretende que el Estado sólo ha de investigar y sancionar conductas “desviadas”, procedimientos “antijurídicos”, prácticas “delictivas”. Ni se menciona a la moral. Creo, al contrario, que si hubiera denuncias contra el poder administrador, debiera ser este el que se preocupe, y no esperar que le acumulen pruebas de delitos y suficientemente graves para condenar, sino que él mismo, con las herramientas que tiene en la propia administración, averigüe, investigue y sancione, reprima, corrija y escarmiente toda “inmoralidad”. Y entonces, si de la investigación surgiese, además, la comisión de delitos, se dé intervención, por supuesto, a la Justicia, para que haga lo que deba hacer. El Estado debe aceptar su deber de comportarse con moralidad, y no sólo el de no delinquir. Y si a un administrador se le hace el favor de avisarle que en su área se cometen anormalidades, él mismo, agradeciendo al denunciante, debe buscar soluciones, no establecer requisitos ni vías judiciales para la presentación de pruebas. . Si ante las irregularidades el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que sólo se han de corregir delitos verificados por el Poder Judicial, no las simples corrupciones, entonces, por supuesto, la inmoralidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial. Basta de impunidad…
DR. JORGE B. LOBO ARAGON
Ex-Secretario de la Corte, Ex-Juez, Ex-Fiscal
Ex-Ministro de Seguridad