En razón de las recientes requisas que tomaron estado público en algunos medios de comunicación, presos políticos del penal de Bouwer piden que se difunda el siguiente comunicado.

 

1) Durante muchos años, en la estadía de los detenidos en este penal, jamás hubo incidentes entre ellos y el personal de Servicio Penitenciario. Siempre el trato fue correcto y sujeto a mutuo respeto entre ambas partes.

Por esa razón se fueron obteniendo comodidades a partir de la incorporación de diversos elementos para confort del personal, como ser hornos microondas, dispenser de agua fría y caliente, cubiertos de metal, desodorantes el aerosol, ventiladores para el salón y las celdas, horno eléctrico, etc.

2) Solo en el año 2014, y por error de la conducción de las autoridades del penal, se llegó a circunstancias criticas, las que fueron subsanadas por el entonces gobernador, Dr Jose De la Sota.

3) Las medidas que se adoptaron fue trasladar al grupo a un pabellón aislado del resto de la población, para que, de esa manera, se pudiera estar sin conflictos y con más comodidades, tales como menor contacto con el personal penitenciario, disponibilidad de acceso al patio sin horarios, asi como libertad de movimientos dentro del pabellón, tambien sin limitaciones de horarios, y la disponibilidad de ciertos menesteres que tácitamente incluían elementos no autorizados.

Las relaciones con los celadores continuaron como anteriormente, guardando cada parte el rol que le compete en estas circunstancias.

4) Todo esto llevó a una mejora en la calidad de vida de los detenidos, disminuyendo el estrés, mejorando el estado de ánimo relativo y a poder trabajar con mayor comodidad con las defensas por parte de la mayoría de los detenidos. Ello a pesar de las serias limitaciones físicas que impone el nuevo recinto, dada su escasa capacidad para albergar a 33 detenidos, contando con celdas para 4 personas, 3 inodoros, 2 duchas y tres lavatorios, quienes además de los problemas de salud y las dificultades de movimiento, han visto restringida su intimidad por la precariedad de las instalaciones. 

5) Es decir que se compensaron desventajas con ventajas, situación que se consideró razonable en las actuales circunstancias.

6) El 10 de diciembre asumió la gobernación el Dr Juan Schiaretti, quien designó ministro de Justicia y DDHH al dr                    Luis Angulo, (de quien depende el SPC), ex integrante de Montoneros, como así también defensor de terroristas en los 70 y testigo en juicios de lesa humanidad.

7) Este cambio de autoridades se ha visto reflejado también en cambios con relación a los detenidos por dicho tipo de causas.

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, una de las primeras medidas del dr Angulo fue visitar el penal en compañía de la sra Sonia Torres, concurriendo a un taller donde se hallaba trabajando parte del personal detenido por dichos temas, lo que constituyó un acto de provocación. La misma es delegada de Abuelas de Plaza de mayo,  y  su presencia carece de alguna representatividad legal para este tipo de actividades.

8) El día 8 de abril comenzó una etapa, ya de acción directa contra los detenidos; ese día y después de años de no ocurrir, se realizó una requisa brutal en el pabellón, vejando a los detenidos de diversas formas tal como desnudarlos frente a todo el personal y frente a una cámara de seguridad.

En esa oportunidad se secuestraron elementos prohibidos, tales como celulares, módems y MP4, siendo sus poseedores sancionados como es de rigor. Tambien se aduce haber encontrado alcohol y un “juguete sexual”, en una situación dudosa ya que  no le fueron atribuidos a ninguna persona en particular.

9) Casi simultáneamente se emitió, por parte del Ministerio de Justicia y DDHH un comunicado de prensa con las irregularidades mencionadas, cosa que jamás había acontecido, con la aviesa intención de desacreditar a los ya castigados mediáticamente pero por otras vías.

10) No suficiente con ello el lunes 10 de abril, día de visitas, se realizaron requisas vejatorias a familiares y amigos de los detenidos que concurrieron al penal, en particular a un par de señoras que quedaron en shock por lo vivido, ya que nunca había ocurrido hecho semejante.  Esto derivó en que varios de los afectados pidieran a sus esposas que no concurran más de visita.

11) El martes 11 y miércoles 12 hubo reuniones con el jefe seguridad, subalcalde Roberto Guzman y el jefe del módulo alcalde Ayala. En ambas el intercambio de opiniones fue de tensión e incomprensión, ya que los argumentos esgrimidos por las autoridades es que estábamos ante un cambio de política con respecto a nuestro pabellón, con la excusa de los elementos encontrados. Excusa falaz ya que la mayoría de los mismos fueron entregados voluntariamente y reconocida la falta.

12) El día martes 11, a regreso de la audiencia en Tribunales, la requisa vejatoria  se renovó con quienes ingresaban al penal, motivando oposición a dicho procedimiento y que conllevara a nuevas sanciones por esas actitudes.

13) Ese día también se desalojó un depósito contiguo a celaduría, donde se encontraban depositados efectos personales de los integrantes del pabellón, para su remodelación para ubicar allí un “centro de computos” a fin de retirar las computadoras de las celdas y trabajar con restricciones de horario. El caso es que el cuarto mide 2,5 m por 3 m y los poseedores de PC son 20 personas, por lo cual el lugar no condice con la cantidad de usuarios potenciales. Sumado a ello es de destacar que muchos de los mismos se encuentran en instancias finales del denominado Megajuicio de La Perla, por la que la decisión de trasladar las computadoras (cuya posesión está autorizada por la justicia) atenta contra la posibilidad de trabajar en las defensas adecuadamente.

14) El día 15 de abril se realizó una nueva requisa, esta vez para retirar elementos “peligrosos” tales como cacerolas, macetas con plantas, sartenes, jarros, verdura y carne cruda y el horno eléctrico autorizado. 

15) El argumento principal esgrimido es que “se acabaron los privilegios”, cosa que enmascara esta etapa persecutoria puesta en marcha con las nuevas autoridades políticas, ya que nunca, en casi 9 años de estadía en este instituto ocurrieron hechos semejantes.

16) Se da por descartado que las medidas continuarán, por lo que se estima que la decisión es apremiar sicologica y físicamente a un grupo de septuagenarios inermes frente a tamaños desatinos si sentido alguno más que atormentar a los detenidos, muchos de los cuales están en un estado precario de salud y varios ya tienen sentencia cumplida, por lo que deberían encontrarse en una etapa más benévola de su detención. Ya se han manifestado algunas consecuencias inmediatas de lo provocado, tanto en el tema salud, como la permanente vigilia frente al próximo agravio, con el consiguiente estado de angustia y desazón permanente.

 

Se estima que el poder del sistema político provincial y penitenciario devaluará y descalificará esta versión para contrarrestar las aberraciones cometidas, por tanto es de esperar que esta presentación no se vea afectada por ese accionar; las autoridades saben de la cantidad cotidiana de irregularidades de toda índole (drogas en poder de los internos comunes, complicidad del cantinero en el ingreso de dichas substancias, etc) que acontecen en el penal, sin embargo la desmesura de lo realizado contra el personal del pabellón “lesa” exceden la represalia sobre las faltas cometidas, las que normalmente se conjuran con las sanciones del caso.

Lo anómalo de lo señalado merece, cuando menos, concluir con las vejaciones y la persecución especial contra un grupo de personas indefensas pero con sentido de la dignidad en la recta final de sus vidas.