Fuente: Doctora Andrea Palomas Alarcón
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Publicación de la agencia DyN. JUICIO POLÍTICO. PIDEN JUICIO POLÍTICO PARA JUECES DE CASACIÓN POR VIOLAR DDHH DE REPRESORES.
BUENOS AIRES, ago 9 (DyN) - La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una entidad que agrupa a defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, pidió el juicio político contra los jueces de la Casación Federal Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani por supuesta violación de las garantías constitucionales de un octogenario detenido. Los abogados Alberto Solanet, Carlos Bosch y Ricardo Saint Jean formularon el pedido ante el Consejo de la Magistratura, acusando a los jueces por “incumplimiento de las disposiciones que obligan a la protección de los detenidos y prohíben su castigo y mortificación”. La denuncia, a la que tuvo acceso DyN, reclama que “se someta a juicio político y se destituya” a Borinsky y Gemignani, además, “por mal desempeño en sus funciones” y “grave desconocimiento del Derecho, en especial por el desprecio a los derechos humanos de las personas mayores”. El planteo recuerda que el 13 de junio pasado, ambos jueces rechazaron el tercer pedido de prisión domiciliaria de Roberto Obdulio Godoy, de 78 años de edad y detenido en el penal de Marcos Paz, acusado por su presunta actuación en el centro clandestino de detención “Sheraton”, donde estuvo cautivo y luego desapareció, entre otros, Héctor Oesterheld, el autor de “El Eternauta”. Godoy lleva casi tres años en prisión preventiva; le fueron denegados dos pedidos anteriores de prisión domiciliaria por razones de salud, pero su defensa realizó un tercer intento ante la “novedad” de la “circunstancia del régimen de la detención domiciliaria vigilada impuesta por el Ministerio de Justicia a través de la colocación de la pulsera electrónica”. Ello, sostuvo la defensa, “hacía desaparecer el peligro de fuga, que podría invocarse para denegar el beneficio”, no obstante lo cual, Gemignani y Borinsky reiteraron el rechazo a la domiciliaria. El fallo fundamentó que “los informes médicos no advierten un deterioro en la salud del detenido y que a su mujer la pueden atender los dos hijos mayores del matrimonio”. El pedido de juicio político sostiene que existe una “mortificación innecesaria a un anciano preso, manteniéndoselo en prisión penitenciaria exigiendo requisitos inexistentes en la ley colocándolo en situación de riesgo y abandono”. “Los dos jueces denunciados le niegan el beneficio, exigiendo un requisito que la ley no peticiona: que además de su edad, presente problemas de salud o síntomas de deterioro físico o psíquico”, sostiene la denuncia.