Tal como ha sucedido otras veces, la vertiginosa realidad se llevó el tema al cual, hasta ayer, pensaba dedicar esta columna: la conexión entre las detenciones de los familiares de Maduro, con pasaportes diplomáticos venezolanos, y las extrañas vinculaciones de la familia Kirchner con Hugo Chávez y su sucesor; deberá que esperar otra oportunidad.

 

En el cierto crepúsculo de la década más infame que recuerde nuestra historia moderna, encabezada por un matrimonio que hace caso omiso de los derechos humanos actuales y finge abrazar los de los viejos terroristas para lograr la impunidad para los enormes delitos de corrupción que han cometido, algunos jueces siguen recitando su canallesca e inmunda venganza, olvidando la esencial función que la sociedad les ha encomendado.

 

En este caso, me refiero a quienes integran el Tribunal Oral Federal de La Plata, presidido por el asesino Carlos Rozanski, acompañado por Pablo Vega y Pablo Jantus, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, compuesto por Néstor Parra, Mario Portela y Roberto Falcone, y el Juzgado Federal de Tucumán, a cargo de Daniel Béjas. Pero todo se andará y estos son nombres para recordar.

 

El jueves, los magistrados de Mar del Plata revocaron la prisión domiciliaria otorgada a varios militares y ordenaron su traslado al penal de Marcos Paz. El caso paradigmático fue el del Cnel. Carlos Saini, a quien la comisión policial encargada de cumplir esa orden lo encontró mientras celebraba, en familia, su 88° cumpleaños. Coordinadamente y entre otros, fueron también encarcelados el Cnel. Oscar Bardelli, de 74 años, y el Cap. Navío Carlos Robbio, héroe de Malvinas. El viernes por la noche, Rozanski ordenó idéntico proceder contra el Almte. Antonio Vañek, de 92 años, que la gozaba hace 17 años, y que está afectado por una innumerable serie de inconvenientes de salud, al cual ya le fue implantado un marcapasos permanente. Descompensaciones sufridas por algunos de los condenados impusieron su internación en hospitales públicos, ya que también se les ha prohibido la atención en los nosocomios de las respectivas fuerzas armadas.

 

No voy aquí a referirme a las parodias de juicios en los cuales estos señores fueron sometidos, ni a las violaciones a todos los principios legales, jurídicos y procesales cometidas para llevarlos a cabo. Pero sí a la notoria y aberrante discriminación que sufren, en prisión, aquellos a quienes el Estado legal y democrático encomendó la represión del terrorismo en 1975 y, sobre todo, impedir que éste lograra la independencia de Tucumán, como pretendían los guerrilleros del ERP para recibir reconocimiento internacional.

 

Lo más notable es que estas nuevas canalladas de los asesinos togados (ya han muerto en la cárcel 328 de estos presos por falta de atención médica adecuada) es que se produjeron en la misma semana en la que un Tribunal Federal del Chaco concedió la prisión domiciliaria, alegando problemas de salud, al mayor traficante de cocaína detenido hasta la fecha.

 

En cambio, a los militares y civiles presos, muchísimos de ellos sin condena firme, se les niega ese beneficio, que la ley otorga a los mayores de 70 años, siempre y cuando éste no pueda interferir en la investigación de los hechos ni encarne un riesgo de fuga; ¿qué podrían hacer ahora respecto a sucesos ocurridos hace cuarenta años o cómo podrían escaparse ancianos que ya están, prácticamente, inválidos? Tampoco se les aplica el cómputo de 2 x 1 (cada día de detención antes de la sentencia vale por dos de la pena) ni se les permite, por ejemplo, estudiar en las delegaciones universitarias que funcionan en las unidades penales.

 

Aún quienes se encuentran en las antípodas de mi pensamiento y creen que se trata de genocidas, deberían hacer suya la máxima que establece que no se combate a los caníbales comiéndoselos.

 

Pero como dice la frase del epígrafe, a la que se atribuye una antigüedad de más de mil años, la gloria del mundo es transitoria, y la espada de la verdadera Justicia caerá, más temprano que tarde, sobre estos homicidas togados y prevaricadores, que actúan con alevosía y premeditación para cometer sus crímenes de lesa humanidad, tal como describe el Pacto de Roma, del cual nuestro país es suscriptor desde 2004. El mismo Rozanski ya se encuentra penalmente imputado por el asesinato del detenido Dr. Aldo Chiacchietta, a quien le impidió asistirse adecuadamente del cáncer que padecía.

 

El Poder Judicial, cuya cabeza -con excepción del Dr. Carlos Fayt- fue cómplice de tantas bárbaras aberraciones durante estos años, debe aplicar la Ley correcta e inmediatamente a todos los ciudadanos por igual; así podrá desempeñar el verdadero rol que la Constitución le impone al respecto, revisando uno por uno los juicios y dejar de actuar como un instrumento de venganza, no sólo de aquéllos que fueron vencidos en la guerra, sino de toda una sociedad hipócrita y cínica, que prefiere mirar para otro lado y no asumir la responsabilidad de haber llamado a la puerta de los cuarteles para evitar que la locura marxista, traducida por los "jóvenes idealistas" en atentados, bombazos y asesinatos indiscriminados, se impusiera.

 

¿Nadie es capaz en la Argentina de preguntarse qué hubiera sucedido si Firmenich y Santucho hubieran logrado su demencial objetivo y, como aseguró el primero que harían, hubieran matado a un millón de personas? Europa entera, después de los atentados del viernes en Paris, se mira en el mismo espejo.

 

Hoy asistiremos al debate de los candidatos presidenciales que, el domingo próximo, se enfrentarán en el segundo turno electoral. No creo que este tema esté en la agenda que ambos han acordado, pero el comportamiento de la Justicia, observado con preocupación desde hace varios años por la Asociación Internacional de Jueces -remitió una carta expresándolo así a la Presidente-, será la verdadera y excluyente base sobre la cual se podrán apoyar los cimientos de la reconstrucción nacional.

 

Con una Justicia independiente, rápida, eficiente y capaz, todo será posible; sin ella, nada lo será.

 

Noviembre 15, 2015